La
actual legislación española se asemeja a la de la mayoría de países de nuestro
entorno, en los que se regula la interrupción del embarazo como un derecho
ajustado a unos determinados plazos, frente a la que quiere imponer el Sr.
Gallardón basada en determinados supuestos, la que teníamos en nuestro país con anterioridad al 2010.
Durante 25 años esa legislación causó
inseguridad jurídica a mujeres y profesionales, puso en cuestión la capacidad
de decisión de las mujeres al poner en manos de terceros (médicos y/o jueces)
que eran quienes, en última instancia, decidían si el caso concreto se ajustaba
o no a los supuestos de despenalización.
Incluso
la ONU ha reconocido que los derechos sexuales y reproductivos son parte
integrante, inalienable e indivisible de los derechos humanos universales. Los
derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a tener el control, a
decidir libre y responsablemente sobre su sexualidad, incluida la salud sexual
y reproductiva, libres de presiones, discriminación y violencia.
El
señor Gallardón, en connivencia con el ala más radicalizada de la Iglesia
católica con el cardenal Rouco Varela al frente, quiere imponer, con la nueva
reforma de la Ley del aborto, su pensamiento reaccionario y clerical. Pretende volver al aborto bajo prescripción médica,
y no acepta como causa las malformaciones del feto, aunque estas sean muy
graves. Afirma que el cambio de regulación supondrá “mayor
protección para la vida en gestación”, pero lo que esconde estas palabras es
que el
aborto dejará de ser un
derecho para ser un delito penado y sometido a un procedimiento criminal. Las
mujeres que tengan dinero, se irán al extranjero. Las que no lo tengan, abortarán en España en condiciones inseguras y
poniendo en peligro su salud. Desgraciadamente en este segundo grupo cada vez
será más numeroso, ya que la mal llamada crisis, está golpeando de una manera
más cruel si cabe a las mujeres.
Otro
de los aspectos que el ministro de Justicia pretende cambiar es la edad a la
que acceder sin tutela a la interrupción del embarazo. Actualmente, para las
mujeres de 16 y 17 años, deben de informar al menos a uno de los progenitores,
salvo cuando la menor alegue fundadamente que esto le provocará un conflicto
grave, violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se
produzca una situación de desarraigo o desamparo.
Con la nueva propuesta gubernamental, estas
menores en situaciones de conflicto estarán totalmente desprotegidas frente a
un embarazo no deseado. Creemos que niñas y niños tienen derecho a venir a este
mundo siendo deseados, queridos, con garantías de que podrán ser cuidados y
educados como merecen y como resultado de una decisión libre y responsable.
Decidir si se trae o no un hijo/a al mundo es una decisión de gran
trascendencia en la vida de una mujer y de los nacidos/as.
Expresamos
nuestro más profundo rechazo a las reformas que anuncia el gobierno ya que
significan un importante retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, en
los derechos humanos de las mujeres que nos sitúa junto a las regulaciones más
restrictivas de la UE (Irlanda, Polonia, Malta).
Resulta
inútil pretender dar una protección ilimitada a una vida que se está gestando,
criminalizando y desconsiderando de forma absoluta la decisión de las mujeres
que albergan esa vida. Pero además es un contrasentido, es totalmente ineficaz,
pues el número de abortos sólo disminuirá cuando lo haga el de embarazos no
deseados, objetivo que se consigue con educación y medios, no con privación de
éstos y represión.
Queremos
recordarle a los sectores más conservadores y reaccionarios de nuestra sociedad
que lo que las mujeres nunca olvidamos es nuestro derecho a decidir y que las
mujeres no pedimos favores, exigimos derechos.
Consideramos,
y por tanto exigimos, que la interrupción voluntaria del embarazo se tiene que
realizar en condiciones de libertad, seguridad, legalidad y gratuidad. Por ello
seguimos reclamando una maternidad libre y responsable y un aborto seguro.
Fdo.
Grupo de Mujeres de A.V. Zarzaquemada.
